Aumenta el número de autónomos que se plantean demandar al Gobierno por los cierres y la caída de facturación

Los autónomos de los sectores más afectados por los cierres decretados a raíz de la pandemia se están planeando presentar reclamaciones conjuntas contra el Gobierno por los daños ocasionados durante el tiempo en que no pudieron trabajar ni obtener ingresos. Según manifestaron a este medio digital, miles de negocios de diferentes actividades como la hostelería, peluquería, ocio nocturno o infantil ya están trabajando con diferentes bufetes de abogados para presentar demandas colectivas y recibir una indemnización que cubra la caída de ingresos sufrida durante este último año.

Concretamente, estos autónomos están preparando demandas coordinadas y conjuntas contra la Administración por «mala gestión» de la crisis sanitaria. Al parecer, las reclamaciones contra el Ejecutivo se sustentarían en este último concepto jurídico que está previsto en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, de excepción y sitio. En su artículo 3, la norma establece el derecho de las personas -también las empresas- a recibir una indemnización por los perjuicios que hayan podido padecer a raíz de las restricciones.

Si bien el estado de alarma otorgó al Gobierno la potestad para poner en marcha medidas restrictivas que frenaran la curva de contagios por coronavirus, a juicio de los juristas y asociaciones sectoriales consultadas, estas limitaciones generaron perjuicios en las actividades económicas que deben ser resarcidos. Máxime cuando hubo «carencias tanto en la prevención de la pandemia, cuando ya la estaban sufriendo otros países de nuestro entorno, como en la propia contención de la crisis sanitaria cuando el virus ya tenía una alta incidencia», explicó Eva Manchón, socia del bufete de abogados Manchón López Martín, despacho que ha puesto a disposición del sector de peluquerías y centros de estética la posibilidad de una demanda colectiva para reclamar los perjuicios sufridos en sus negocios.

Al parecer estas demandas podrían ir dirigidas en dos niveles: por un lado al Gobierno central y, por otro, a los gobiernos autonómicos. El bufete Cremades y Calvo Sotelo es uno de los que ha iniciado acciones legales contra ejecutivos regionales. Sin ir más lejos, la semana pasada, este despacho a través de la plataforma solidaria ‘Afectados Coronavirus’ presentó una demanda contra la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad patrimonial en la gestión de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esto, también se podría trasladar a los negocios.